La ley de las siete ciudades
Consciente del inmenso valor estratégico y financiero de los territorios septentrionales, el rey Carlos Roberto de Anjou sorteó a los díscolos barones locales al conceder el estatus especial de «ciudad real libre» a los principales centros mineros, como Banská Štiavnica y Kremnica. Estas poblaciones quedaron sustraídas de la jurisdicción de los señores locales y pasaron a depender directamente del tavernicus —el tesorero real—, lo que estableció un vínculo financiero directo entre las minas de montaña y el trono. Este marco jurídico propició la consolidación de una base fiscal urbana y leal, así como de una clase mercantil germano-eslava que ha operado al margen de los derechos feudales sobre la tierra. Semejante transformación administrativa ha garantizado a nuestra nación una fuente fiable de capital líquido, con el que financiar los esfuerzos del Gobierno central por estabilizar el reino y profesionalizar la burocracia real.
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